Un experto en criminología realizó un estudio de tres años en 18 comunidades en la zona de influencia del EPP. Los descubrimientos más importantes develan que el grupo criminal financia los estudios universitarios de hijos de campesinos, pagan gastos de medicamentos a enfermos y entregan dinero para ganarse la simpatía del EPP.
Los tres empleados eran pagados con recursos del Estado por los trabajos que hacían en su propiedad.
El diputado colorado fue acusado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Tras admitir el ilícito y ofrecer pagar G. 30 millones, así como hacer una donación de G. 5 millones, obtuvo la suspensión condicional
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