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En los alegatos finales, en el proceso que se le sigue a la abogada Esther Roa por violar medidas sanitarias durante la cuarentena, ya que encabezó marchas de protesta, la Fiscalía solicitó que le imponga una multa de G. 8 millones.
Roa, sostuvo que el derecho a la manifestación pacífica está garantizado en la Constitución, pero le costó muy caro, según dijo, protestar contra la corrupción y pedir la renuncia de la Fiscal General.
“Yo estoy sujeta a un proceso penal injusto y arbitrario, que censura mi libertad”, reclamó a la 780 AM.
Por último, no descartó presentar una demanda contra el Estado paraguayo por no garantizarle el derecho a la protesta.
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