La administración Biden profundiza la presión política sobre la dictadura de Nicolás Maduro, mientras define las sanciones migratorias y financieras que
La administración Biden profundiza la presión política sobre la dictadura de Nicolás Maduro, mientras define las sanciones migratorias y financieras que aplicará al Consejo Nacional Electoral (CNE), al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la cadena de mando de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela por el presunto fraude en los comicios presidenciales y la represión ilegal cometida contra la oposición que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
“En lugar de responder a las demandas del pueblo venezolano de transparencia y democracia, Maduro ha intensificado la represión mediante amenazas con objetivos políticos, detenciones injustas e indiscriminadas y censura en un intento desesperado de aferrarse al poder por la fuerza”, sostuvo Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado.
Las declaraciones de Miller irrumpen cuando la comunicación extraoficial entre la Casa Blanca y el regimen populista es infructuosa. Hay un backchannel abierto entre Washington y Caracas, pero los altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado no pueden perforar la ambiguedad del diputado Jorge Rodríguez, representante de Maduro en las conversaciones con Estados Unidos.
El regimen populista ya asumió que Biden impondrá sanciones al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y a la cúpula de las Fuerzas Seguridad. Sin embargo, esta decisión tomada en el Salón Oval no ha impactado en la agenda represiva que ejecuta Maduro tras haber cometido fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio.
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