Los fiscales generales de California, Maine, Oregón, Pensilvania y el distrito de Columbia presentaron la demanda en un tribunal federal en San Francisco indicando que la norma es inconstitucional y apunta de forma desproporcionada a inmigrantes no blancos. “Es obvio lo que este Gobierno está haciendo: Es artero más allá de las palabras y California no será parte de eso”, dijo el gobernador de ese estado, Gavin Newsom, en una conferencia de prensa en Sacramento.
La regla de la Casa Blanca anunciada el lunes, una redefinición de la ley de carga pública, afecta a los inmigrantes que reciben bonos para alimentos, atención médica pública y otras asistencias. Estos extranjeros, en su mayoría hispanos, ven ahora amenazadas sus esperanzas de conseguir la ciudadanía.
La demanda argumenta que la ley atenta contra personas marginadas, incluidos niños, ancianos y familias de bajos salarios. “La regla fue motivada por un ánimo intencional basado en la raza y el origen contra individuos provenientes de lo que el presidente Trump ha denominado países de mierda”, afirma. AFP
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