La Ley de Atención Integral a las Personas con Cáncer, promulgada el jueves, permite a los pacientes oncológicos hacer sus tratamientos en sanatorios privados a cuenta del Estado en caso de que el sistema público de salud no tenga disponibilidad.
Con la nueva ley se tendrá un presupuesto estimado en G. 200.000 millones para la atención de pacientes con cáncer, además de llevar adelante programas de prevención y detección precoz de la dolencias oncológicas.
Algo que resalta la normativa, en su artículo 25, es que “cuando se requiera y no exista disponibilidad de servicios o bienes en el sector público para la atención integral a las personas con cáncer, el Ministerio de Salud podrá hacer gestiones pertinentes para satisfacer la necesidad referida a través del sector privado”.
Establece además que el Ministerio de Educación incorpore como parte de su programa educativo el contenido referente a prevención y detección precoz del cáncer, de conformidad al asesoramiento técnico del Instituto Nacional del Cáncer (Incan).
Un punto de eventual conflicto es la creación de una Comisión Nacional Asesora para la Atención Integral del Cáncer, establecida por la ley. La misma estará presidida por el ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, y serán miembros 7 funcionarios de distintas dependencias de la cartera sanitaria (designados por Mazzoleni), además de tres representantes del IPS, tres representantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, un investigador científico y tecnológico de la UNA, un representante de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, un referente de la autoridad reguladora radiológica...
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