El concepto de estado de derecho implica una filosofía política, según la cual tanto ciudadanos, como instituciones, gobernantes, legisladores y líderes políticos deben regirse por las mismas leyes. Así, literalmente todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos, sin que prevalezcan derechos de unos por sobre el de otros. Lógicamente, nadie debería escapar a […]
El concepto de estado de derecho implica una filosofía política, según la cual tanto ciudadanos, como instituciones, gobernantes, legisladores y líderes políticos deben regirse por las mismas leyes. Así, literalmente todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos, sin que prevalezcan derechos de unos por sobre el de otros.
Lógicamente, nadie debería escapar a esta regla. Sin embargo, en la vertiginosa dinámica del Estado de Derecho, los actores políticos, la sociedad en su conjunto y los medios de prensa a menudo distorsionan las reglas en función de sus intereses y afinidades políticas, socavando así la equidad y la imparcialidad que deben regir en un sistema democrático. Esta práctica flagrante se manifiesta en la manipulación selectiva de las normativas, evidenciando una dualidad injusta en su aplicación.
Cuando las reglas que impone el estado de derecho afectan negativamente a “enemigos”, son buenas e inflexibles; cuando afectan a “amigos”, las reglas no son claras y son malinterpretadas. Las emociones surgidas de la afinidad ideológica, comercial o de otro tipo no pueden alterar la objetividad de la aplicación de la ley.
Los actores políticos, ansiosos por consolidar su poder y asegurar su permanencia en el escenario político, tienden a torcer las reglas del estado de derecho según convenga a sus agendas. Modifican abiertamente las normativas para favorecer a sus aliados y castigar a sus opositores, erosionando la confianza en las instituciones y debilitando los cimientos democráticos. No olvidemos, por ejemplo, la cantidad de legisladores que han perdido su investidura en el periodo pasado; de estos casos, muy pocos, por no decir ninguno, fue considerado una afrenta al estado de derecho ni han sido...
Leer la nota completa en La Tribuna