María Teresa Gini, esposa del político colorado Artemio Barrios, exdiputado, aparece involucrada en un posible daño patrimonial al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Ella es la escribana denunciada por aparente producción de documentos de contenido falso que sirvió de base para el pago indebido de unos G. 2.674 millones, autorizado por Justo Cárdenas, titular del ente agrario.
El presidente del Indert pagó por una propiedad embargada y con prohibición de contratar, sobre la que no podrá ejercer los derechos de dueño por carecer de título de propiedad inscripto en los Registros Públicos. Se trata de la finca Nº 2857 de Alto Verá (Itapúa), de unas 426 ha, que fue expropiada en el 2010 pero que hasta hoy figura a nombre de Lilia Oddone Vda. de Céspedes, sin que pueda ser transferida al instituto. Pese a ello, Cárdenas firmó la escritura de traslación de dominio en diciembre de 2013, realizó un pago indebido de G. 2.674 millones en febrero de 2014 y hasta hoy no...
La escribana involucrada en la operación, que bajo ningún sentido debía realizarse por las restricciones mencionadas, es nada menos que la esposa de un exparlamentario. Ella hizo figurar en el documento de referencia dos postulados contradictorios; por un lado, que la finca “no ha sufrido modificación, restricción de dominio y no reconoce gravamen alguno” y por otro, “reconoce medida cautelar de Prohibición de Contratar por Rubén Paredes c/ Lilia Oddone Vda. de Céspedes”.
En entrevista con nuestro diario, Rubén Paredes, abogado, explicó que en el año 2010 él fue contratado por Oddone para representarla en un juicio de remate de tierras en el que salió ganancioso, también para que realice las gestiones de cobro de indemnización por la expropiación. El acuerdo de pago de honorarios profesionales fue del 30% del valor de la finca, a través de un pacto de cuota litis.
Sin embargo, según lo relatado, después de haber ganado el juicio de remate y posteriormente, haber logrado la tasación del inmueble por un total de G. 5.350 millones, su mandante lo dejó de lado desconociendo la forma de pago acordada y contrató a la abogada Mariela Rivarola Aquino, razón por la cual inició juicios que derivaron en el embargo del inmueble por G. 1.604 millones más IVA, además de un embargo preventivo por más de G. 1.200 millones.
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