El juez penal de garantías Alcides Corbeta debe fijar fecha de audiencia de imposición de medidas a los directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines, quienes fueron imputados por lesión de confianza por un supuesto perjuicio patrimonial que podría llegar a unos G. 3.791 millones.
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña solicitó al juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Fueron imputados por lesión de confianza por el Ministerio Público José Antonio Caballero, presidente de la Caja de Jubilaciones, y los miembros del Consejo de Administración Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro y Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera. De igual manera, fue procesado César Rodrigo Amarilla, gerente general de la Caja de Jubilaciones, y además se desempeñó como representante legal de la firma Karakú SRL.
Según la imputación de la Fiscalía, los imputados por Resolución Nº 33 del 26 de abril de 2016 habilitaron la línea de crédito “Promo Credi Plan Personal” en homenaje a las madres y padres en su mes, a tasas preferenciales del 9% y 10%, con vigencia del 2 de mayo al 30 de junio.
Sin embargo, esta promoción fue prorrogada en dos ocasiones. La primera hasta el 31 de julio de 2016 y luego hasta el 31 de agosto de 2016. Esta promoción no debía ser utilizada para pagar créditos ya contraídos por socios de la Caja. Sin embargo, esto fue incumplido y 81 socios pagaron los créditos anteriores por G. 15.870 millones, que tenían un interés superior.
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