A puertas del inicio del año escolar 2018, varios padres denunciaron supuestas discriminación porque las escuelas y colegios, sobre todo del sector privado, se niegan a matricular a sus hijos, debido a que padecen trastornos de aprendizaje en violación a la Ley de Inclusión Nº 5136.
El director general de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), César Martínez, explicó al respecto que están “atados de manos y pies” porque la cartera solo puede mediar y, en último caso, imponer multas a las instituciones no inclusivas. “La ley es clara para garantizar derechos del niños, pero la única manera de que se cumpla es recurrir a la justicia porque nosotros no somos un órgano con poder coercitivo. Solo tenemos una resolución de faltas y sanciones, que establecen multas. Digamos que hasta ahí llega nuestra competencia”, aclaró Martínez.
La “Ley de Inclusión” establece sanciones por faltas; en la primera vez una multa de 50 a 100 jornales mínimos; por la primera reincidencia, de 100 a 300 jornales mínimos vigentes; y por una segunda, de 300 a 1.000 jornales mínimos.
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