Los miembros de CACE consideran este mensaje como un claro amedrentamiento hacia la sociedad civil y llaman a la ciudadanía a estar atenta ante lo que pueda hacer el Ministerio Público.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a estar atentos con lo que pueda pasar con los activistas sociales y luchadores por los derechos humanos que vienen defendiendo nuestra frágil democracia, pues con el comunicado de referencia, el Ministro Público advierte que seremos pasibles de imputaciones penales para silenciar nuestras voces”, señala la comisión en su mensaje.
El sector civil –encabezado por la abogada María Esther Roa– remitió algunas interrogantes a Merlo, preguntándose que si la ciudadanía no presiona, ¿con qué otra herramienta cuenta para que las autoridades reaccionen ante sus pedidos?
Ante la carta abierta dirigida de parte de los fiscales agremiados, al referido colectivo de ciudadanos, a quienes critican por supuestamente presionarlos para que saquen medidas en torno a los expedientes de políticos con varios indicios de corrupción, los miembros de la Comisión Escrache insistieron a que den respuestas a sus pedidos.
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