La dilación de los procesos, especialmente aquellos abiertos a personas con poder político o económico, es uno los problemas que afecta directamente la credibilidad del Poder Judicial. Es por ello que es muy necesario que los magistrados sancionen a los encausados y sus abogados que ejercen en forma abusiva el derecho.
Los jueces disponen de las herramientas legales para multar a los abogados y procesados. Inclusive, como creen algunos camaristas, hasta pueden revocar las medidas otorgadas a los enjuiciados, ya que las constantes chicanas son una falta de sometimiento a la justicia.
El artículo 113 del Código Procesal Penal, “Poder de disciplina”, dice que “los jueces velarán por la regularidad del litigio, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe”.
El artículo 112, del mismo cuerpo legal, Buena fe, apunta que “las partes deberán litigar con buena fe, evitando los planteos dilatorios y cualquier abuso de las facultades que este código les concede”.
El artículo 114, Sanciones, refiere que “cuando se compruebe mala fe o se litigue con temeridad, los jueces podrán sancionar hasta con cien días multa en casos graves o reiterados y, en los demás casos, con hasta cincuenta días multa o apercibimientos”.
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