Así parece. Cada día que pasa se incrementa la lista de los cleptócratas venezolanos señalados como indeseables por Estados Unidos y la Unión Europea. No es solo una cuestión de hostilidad política. Existe una reacción internacional contra la corrupción. Washington y Bruselas se la han tomado en serio. No es un fenómeno coyuntural. Es una práctica que continuará y se expandirá hasta que todas las naciones la interioricen.
Numerosos políticos, a lo largo y ancho del planeta, no entienden que se está terminando la etapa de la impunidad con los delitos relacionados con la corrupción en el ámbito público. Durante milenios, la norma era que quien ostentaba la jefatura del Estado se repartía la mayor parte de las rentas con los poderosos. El monarca y su camarilla enriquecían a los cortesanos y estos los sostenían en sus cargos. Los nobles ni siquiera pagaban impuestos, pero tenían entre sus obligaciones apoyar al rey en sus aventuras militares.
Así sigue ocurriendo en las dos terceras partes del mundo. En ese universo corrupto existe una alianza secreta entre el poder político y el económico. Incluso, en las naciones en las que tal cosa no se permite, se acepta que las empresas sobornen a los funcionarios y políticos de países en los que se practica la corrupción. En Alemania, hasta hace pocos años, era legal pagar “comisiones” en el extranjero a quienes decidían las licitaciones.
En España, donde el bipartidismo está a punto de colapsar debido a la corrupción de populares y socialistas, se supo que los Bancos BBVA y Santander financiaron ilegalmente la elección de Hugo Chávez en 1998 con un millón de dólares cada entidad. Adquirían (inútilmente) protección, como se había hecho siempre en la etapa democrática de Venezuela. Solo que en esa oportunidad “era comprar soga para su pescuezo”.
Me dijo, preocupado, un empresario español de una multinacional: “vaya usted a hacer negocios a América Latina, África, Asia y al mundo árabe sin ofrecer sobornos. No se come ni una rosca”. Incluso, eso era lo que sucedía en la propia España hasta hace pocas décadas, cuando ni siquiera estaba tipificado el delito de “tráfico de influencias” y la transición a la democracia se financió ilegalmente alimentando a los partidos políticos al margen de las leyes.
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