Los hechos que recientemente nos impactaron y que refieren las especiales condiciones de detención de los implicados en el caso ueno bank, nos obligan a asumir que en nuestro país estamos todavía muy lejos de la precisión y celeridad que requiere la justicia. En especial, aquella destinada a controlar la legalidad de los actos de Gobierno en todas sus instancias.
Si hoy nos reconforta –de alguna manera– que el Estado paraguayo haya reaccionado ante los hechos de corrupción que venían denunciándose; llama la atención, para decir lo mínimo, que los mismos provengan de fuentes tan dispersas y sean de tan antigua data como para tomar los hilos de las irregularidades desde la punta correcta. Sin dejar de notar tampoco, que el detalle refiere la inocultable dispersión del poder en nuestro país. O lo que es lo mismo, el desorden organizativo que disuelve las responsabilidades en múltiples cadenas de mando hasta llegar a las implicancias de las más altas...
Tanto que entre las primeras cabezas caídas ante el escándalo finalmente develado, se encuentra, nada más o nada menos, la del propio presidente de la República, Santiago Peña Palacios.
El hecho obliga a pensar que si el “triángulo del delito” llegó a este vértice, debería existir un nutrido conjunto de actores y cómplices, hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. O finalmente, que en conocimiento de lo que estaba pasando en algunas de las aristas, fueron obligadas a “mirar hacia otro lado”, mientras “la acción” estaba en el otro. Porque si fuera así, ahora podrían estar haciendo lo mismo para conservar el cargo. Simple lógica que persiste desde el primer antropoide que resolvió ponerse de pie sobre la tierra.
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