Los hechos que tomaron estado público la semana pasada, referidos a la aprehensión de un menor de 14 años de edad, por la supuesta comisión de un hecho punible en la vía pública, son absolutamente confusos, pero los “datos” difundidos son incuestionablemente claros. En virtud de una denuncia verb
Los hechos que tomaron estado público la semana pasada, referidos a la aprehensión de un menor de 14 años de edad, por la supuesta comisión de un hecho punible en la vía pública, son absolutamente confusos, pero los “datos” difundidos son incuestionablemente claros.
En virtud de una denuncia verbal (real o ficticia, no importa) de la supuesta víctima de un asalto callejero, que incluyera la descripción física del asaltante, agentes de la Policía “a unas cuadras del lugar” detuvieron a un menor de 14 años, y previa “incautación” de sus pertenencias y de un arma de fuego, que habría sido arrojada a un yuyal, lo trasladaron a la Comisaría “a disposición del agente fiscal de Turno”.
El fiscal dispuso la libertad del menor, luego de recibir la declaración de la presunta víctima, quien desmintió la versión policial y, a renglón seguido, desde la misma Policía Nacional se deslizó la información de que la libertad del menor tuvo precio.
La reacción del fiscal no se hizo esperar y dispuso la detención de los agentes involucrados en la aprehensión del menor, anunciando su decisión de imputarlos por “…persecución de inocente, simulación de un hecho punible, denuncia falsa y producción inmediata de documento de contenido falso…”, generando – por igual – muestras de solidaridad de algunos que aprueban la actuación policial, y el rechazo de los que la condenan.
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