El fiscal Guillermo Sanabria sostiene que causa agravio al Ministerio Público la resolución por la cual los jueces Federico Rojas, María Luz Martínez y Dina Marchuk decretaron el arresto domiciliario de Fidencio Arce Ojeda, acusado por venta de medicamentos controlados y de uso exclusivo del IPS. En su escrito de apelación, el agente del Ministerio Público sostiene que el fallo “adolece de una falta de fundamentación al no mencionar los motivos jurídicos por los cuales hicieron lugar a la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva”. Resaltó que los magistrados resolvieron una “medida menos gravosa para el acusado por un hecho punible tan grave”, probado con elementos recolectados durante la investigación y sin que existan hechos nuevos. Además, la medida se otorga a puertas del juicio oral previsto para los días 13 y 14 de junio.
El Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Federico Rojas, María Luz Martínez Vázquez y Dina Marchuck Santacruz, resolvió el pasado o de mayo, por Auto Interlocutorio Nº 336 (y su aclaratoria, AI Nº 338 del 9 de mayo) hacer lugar a la aplicación de medidas sustitutivas de prisión preventiva a favor del acusado.
A criterio del agente fiscal, la decisión adoptada por el Tribunal “adolece de una falta de fundamentación al no mencionar los motivos jurídicos por los cuales hicieron lugar a la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva del acusado, limitándose únicamente a la transcripción del artículo 245 del CPP”.
Agregó que las resoluciones judiciales, conforme lo establece el Art. 125 del Código Procesal Penal, deben contener una clara y precisa fundamentación de la decisión, tanto de hecho como de derecho, “lo que en la presente resolución no se encuentra reflejada, ya que únicamente analizaron la procedencia de los requisitos formales y la documentación arrimada por la Defensa Técnica del acusado Fidencio Arce Ojeda, que la misma ley establece, que en ningún caso reemplazará a la fundamentación”.
“En ese sentido, a esta representación le genera un agravio irreparable las resoluciones puestas en crisis, ya que el juzgado ha resuelto una medida menos gravosa para el acusado en un hecho punible tan grave, todos los elementos de prueba que fueron obtenidos en su momento para poder probar la existencia del hecho, y en esta circunstancia no ha variado la situación del procesado, por el cual el mismo sea beneficiado con una medida menos gravosa.
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