La jueza de paz Analía Cibils, en por lo menos 237 expedientes, entre el 2023 y 2024, habría dictado resoluciones judiciales violando el principio de igualdad (art. 15 literal “f” numeral 3 del Código Procesal civil) que debe regir sus actuaciones. La magistrada habría tenido conocimiento, consentido y acordado que los expedientes y las actuaciones […]
La jueza de paz Analía Cibils, en por lo menos 237 expedientes, entre el 2023 y 2024, habría dictado resoluciones judiciales violando el principio de igualdad (art. 15 literal “f” numeral 3 del Código Procesal civil) que debe regir sus actuaciones. La magistrada habría tenido conocimiento, consentido y acordado que los expedientes y las actuaciones obrantes en los mismos, fueron elaborados por los abogados demandantes, representantes de firmas de cobranzas.
Esto sostienen en la imputación por prevaricato y otros, contra la suspendida jueza del Juzgado de Paz de la Encarnación, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero. Además, “la violación del derecho se habría dado al falsear los hechos, en lo concerniente a las notificaciones practicadas, vulnerando con ello la garantía procesal de defensa en juicio que tiene toda persona, consagrada en el artículo 16 de la Constitución Nacional”. Figuran como instigadores los abogados, Aníbal Cino (Nexo SA), Roger Medina Quintana (Sistema de Cobranzas); José Fúster Castellano...
La jueza de paz del distrito de la Encarnación, Analía Cibils, suspendida en sus funciones, habría actuado con el conocimiento de que las notificaciones dirigidas a los demandados no eran diligenciadas realmente por los ujieres, quienes se limitaban a informar falsamente sobre ello, además, dictó resoluciones vulnerando el derecho a la defensa en juicio de toda persona, estatuida en el art. 16 de la constitución nacional y violando las formas dispuestas para el caso particular señaladas en el art. 444 “Forma de la citación” del código procesal civil y 450 “Cantidad líquida” del mismo cuerpo...
Con ello, su conducta se subsumiría en el tipo penal de prevaricato, conforme al art. 305 inc.1 del código penal, en calidad de autora, según el art. 29 inc. 1 del mismo cuerpo normativo; además de perpetrar el supuesto hecho punible de uso de documentos públicos de contenido falso, según el art. 252 del código penal, en calidad de co-autora, según el 29 inciso 2 del mismo cuerpo normativo .
Leer la nota completa en El Observador