Sobrefacturaciones, faltas de pago al personal, abusos, explotación y adjudicaciones irregulares. La lista de reclamos y denuncias contra las firmas SST Security Service Tecnology (ex Doram SACI) y Tapiti SRL es larga. Aún así, las firmas vinculadas a políticos y antiguos jefes policiales son las dos que más dinero han recibido del Estado en los últimos cinco años para proveer servicios de seguridad a instituciones públicas.
En los últimos cinco años, el Estado paraguayo destinó más de G. 550.000 millones (US$ 100 millones) para la compra de servicios de seguridad y vigilancia. Una sola empresa, SST Security Service Tecnology SA, se llevó más del 50% de ese dinero. Todo eso a pesar de tener una larga lista de denuncias de irregularidades en su contra.
SST operaba hasta agosto de 2013 bajo el nombre de Doram SACI y está vinculada al exdiputado colorado José Chamorro.
Los beneficios para la firma empezaron ya durante el tiempo en el que Chamorro ocupaba un escaño en el Congreso, al igual que las denuncias de irregularidades.
Ya en 2012, la firma fue denunciada por supuestamente explotar a sus funcionarios, a los que pagaba apenas G. 1.400.000 y obligaba a cumplir horarios de 12 horas continuadas. Sin embargo, la empresa declaraba al IPS que pagaba a cada uno de sus funcionarios G. 3.100.000.
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