La contratación de operadores políticos, amigos o parientes, para ser comisionados a municipalidades y gobernaciones de todo el país, es una constante en el Legislativo. Trabajan o no, nadie sabe. La mayoría es planillero. El diputado Juan Bartolomé Ramírez (PLRA) dijo que quedan a cargo de las instituciones que los reciben. Las oficinas parlamentarias se sumaron a los abusos en este periodo.
La Cámara de Diputados tiene una treintena de funcionarios distribuidos por todo el país en calidad de comisionados. Esta es otra figura utilizada por los legisladores para justificar la contratación de personas, muchas veces afines a sus partidos políticos, o son familiares suyos, o amigos.
Son enviados supuestamente a trabajar a las municipalidades, gobernaciones u oficinas departamentales, pero en muchos casos ni siquiera aparecen por sus lugares de trabajo.
Con la publicación de una lista de 390 contratados, realizada por nuestro diario, comenzaron a aparecer supuestos comisionamientos que no figuran como tales en la lista oficial, publicada en la web del legislativo, en cumplimiento de la ley de Transparencia.
Uno de los casos comprobados es el de Virgilio Vera, comisionado a la municipalidad de Zanja Pytã, departamento de Amambay.
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