Ayer detuvieron a quien habría supuestamente ordenado el crimen del dueño de una playa de autos en Fernando de la Mora. Se trata de un funcionario del BCP que adeudaba más de G. 400 millones al empresario, deuda que debía ser cancelada en la semana del asesinato.
Los tres empleados eran pagados con recursos del Estado por los trabajos que hacían en su propiedad.
El diputado colorado fue acusado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Tras admitir el ilícito y ofrecer pagar G. 30 millones, así como hacer una donación de G. 5 millones, obtuvo la suspensión condicional
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