Los tres miembros de Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se niegan a divulgar las actas electorales y apuntan ahora al blanqueo del caso. Si bien separaron del cargo al jefe de Control de Calidad electoral Miguel Iturburo, quien reveló el supuesto fraude, le mantuvieron algunos beneficios. Hay tibia reacción de la Fiscalía.
A una semana del escándalo del supuesto fraude electoral divulgado por ABC Cardinal 730 AM, ninguno de los tres miembros del TSJE: Jaime Bestard (ANR, cartista), Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (Partido Revolucionario Febrerista) no dan la cara ante la ciudadanía.
Según fuentes de la institución, los tres miembros ocultan las actas electorales y manifestaron que no están dispuestos a exhibir ante la opinión pública. A través de sus voceros, dieron varias excusas para eludir el compromiso fundamental de la transparencia pública.
Primero dijeron que hubo preclusión (extinción o caducidad). Sin embargo, la abogada Yolanda Paredes, apoderada del movimiento Cruzada Nacional, que lidera el senador Paraguayo Cubas, presentó 17 pedidos que hasta el momento no fueron contestados por el TSJE. Es decir, no hay preclusión cuando no hay una respuesta de la institución oficial.
En segundo término quisieron convencerle a la ciudadanía de que el jefe de Control de Calidad electoral Miguel Ángel Iturburo, quien denunció que cometió supuesto fraude electoral, es un “charlatán”.
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