EITB Londres.-El Tribunal Supremo del Reino Unido falló este martes, con un veredicto unánime, en contra del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, al considerar “ilegal” la suspensión del Parlamento durante cinco semanas. “Este tribunal concluye que la decisión de aconsejar a Su Majestad que suspendiera el Parlamento fue ilegal porque tenía el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento de llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable”, afirmó Hale. El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, pidió este martes a Boris Johnson que “reconsidere su posición» al frente del Gobierno, después de que el Tribunal Supremo declarara “ilegal” su suspensión del Parlamento. Frente a esta querella (presentada ante el Tribunal Superior y recurrida ante el Supremo por Miller), la defensa de Johnson mantuvo que la suspensión de las cámaras es una prerrogativa y que la clausura de las cámaras era una decisión “inherente y fundamentalmente política por naturaleza” sobre las que no debería interferir la Justicia.
Londres.-El Tribunal Supremo del Reino Unido falló este martes, con un veredicto unánime, en contra del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, al considerar “ilegal” la suspensión del Parlamento durante cinco semanas.
En un fallo histórico, la presidenta del Supremo, Brenda Hale, afirmó que la suspensión de las cámaras, adoptada por el líder “tory” el pasado agosto, fue “nula” y queda “sin efecto”.
Los once jueces de la máxima instancia judicial de este país tenían que examinar dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de Escocia, que consideró ilegal la medida adoptada por el jefe de Gobierno, y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que la cuestión era competencia política.
El panel de magistrados valoró que el asesoramiento de Johnson a la reina Isabel II, jefa de Estado, para proceder al cierre parlamentario -del 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, poco antes del “brexit” – no se ajustó a la legalidad pues perseguía “frustrar o impedir” que el Parlamento desempeñara sus “funciones constitucionales”.
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