El bien jurídico protegido del delito de Tráfico de Influencias es la Administración Pública como instrumento al servicio de los ciudadanos, así como su imparcialidad en la toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos. Es decir, que se protege su correcto funcionamiento y trata de evitar comportamientos abusivos o corruptos, dijo en su … El tráfico de influencias “trata de evitar comportamientos abusivos o corruptos” Leer más »
El bien jurídico protegido del delito de Tráfico de Influencias es la Administración Pública como instrumento al servicio de los ciudadanos, así como su imparcialidad en la toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos. Es decir, que se protege su correcto funcionamiento y trata de evitar comportamientos abusivos o corruptos, dijo en su voto José Waldir Servín.
En primer término, cabe señalar que el delito de tráfico de influencias es una manifestación de la corrupción administrativa, y se comete cuando alguien influye en un funcionario público o autoridad haciendo uso del prevalimiento para que emita una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico, ya sea para sí o para un tercero.
Que la LEY N° 2523 “QUE PREVIENE, TIPIFICA y SANCIONA EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCION PUBLICA y EL TRAFICO DE INFLUENCIAS” dispone: Artículo 1°.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto tipificar y sancionar el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias. Artículo 2°.- Ámbito de su aplicación. Esta Ley será aplicable a toda persona que cumpla una función pública, o tenga facultades de uso, custodia, administración o explotación de fondos, servicios o bienes públicos, cualquiera sea la denominación del cargo, o su forma de elección,...
Que, en el Derecho Penal cada tipo penal tiene su razón de ser en la protección de un bien jurídico concreto. Cabe recordar que el bien jurídico protegido del delito de Tráfico de Influencias es la protección de la Administración Pública como instrumento al servicio de los ciudadanos, así como su imparcialidad en la toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos; es decir, que se protege su correcto funcionamiento y trata de evitar comportamientos abusivos o corruptos. Lo que se pretende conseguir es proteger la imparcialidad y el normal funcionamiento de las instituciones...
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