Es notable el denuedo de los órganos de administración paraguayos en la defensa de los intereses brasileños.
Ya en su momento, José Antonio Moreno Rufinelli, abogado históricamente al servicio de Itaipú, delineó la tesis de un tercer Estado. Hasta ahora, la justicia paraguaya abona esta teoría que impide al Estado paraguayo el escrutinio del emprendimiento conjunto.
Sometidos al vecino país por cuestiones de seguridad nacional, según afirmaban circunspectos los pusilánimes negociadores paraguayos del Tratado, la situación no ha cambiado.
Mateo Balmelli corrobora tan indigna actitud en la página 192 de su libro, “Itaipú una reflexión ético-política sobre el poder”, presentado en 2011. El exdirector paraguayo nos advertía: “Pretender forzar la situación para que un Estado reconozca que explotó y sustrajo riquezas de otro constituye un desaguisado al cual se apela cuando se está en condiciones de poder llevar el uso de la fuerza a la práctica”.
Lamentablemente, nuestros gobernantes siguen en la misma dirección: la misma estrategia entreguista trata disfrazar un conocido excanciller al acreditar que el Tratado: “… es sumamente favorable al Paraguay y constituye un acto de comprensión entre los dos países que buscan un entendimiento amplio para el desarrollo de ambos” (RAMÍREZ, Luis María. Memorias, sesenta y seis años de vida internacional. 2006, Ed. Intercontinental, pág. 85).
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