En 2011, la entonces Senavitat otorgó un préstamo de G. 3.634 millones para construir viviendas en Limpio, pero las obras no se terminaron. Las 32 familias afectadas se mudaron a las casas incompletas en 2017 y ahora temen ser desalojadas por el Gobierno. En 2016, se denunció un desfalco de G. 2.400 millones, pero la causa prescribió en 2020. Las familias exigen que se reabra la investigación y que las viviendas se les adjudique definitivamente. El caso está judicializado y el MUVH evaluará para readjudicar las casas.
En 2011, durante el gobierno de Fernando Lugo, la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) -hoy -, bajo la administración del fallecido arquitecto Gerardo Rolón Pose, aprobó un millonario préstamo de G. 3.634 millones para la construcción de viviendas en la fracción San Antonio de la ciudad de Limpio.
El empréstito debía beneficiar a un total de 32 familias, asociadas a la cooperativa de viviendas por ayuda mutua Tava Rory Ltda. (Covitava). El crédito fue concedido por la extinta Senavitat a dicha entidad solidaria, que, a su vez, aprobó cada préstamo a los “beneficiarios”.
De acuerdo con los datos, las familias debían recibir las casas “llave en mano” en 2015, y una vez entregadas las unidades, comenzarían a pagar por ellas durante un plazo de 20 años. La cuota mensual que debían desembolsar por cada vivienda rondaba los G. 540.000 mensuales.
Según los afectados, las obras comenzaron en 2012 y debían culminar en 2015 para que pudieran ser ocupadas. Sin embargo, las viviendas nunca fueron terminadas, y desde ese momento comenzó el suplicio de las familias que tenían el sueño de la casa propia.
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