Nuevas reglas aprobadas por el Congreso de El Salvador permitirán que los tribunales juzguen a pandilleros acusados en juicios masivos, en un esfuerzo por acelerar decenas de miles de casos para los detenidos bajo la represión del país contra las pandillas callejeras.
Los cambios al código penal del país son solo los últimos en la guerra del presidente Nayib Bukele contra las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), que comenzó el año pasado cuando el líder declaró un “estado de emergencia” en respuesta a una ola de violencia.
Su gobierno suspendió los derechos constitucionales y ha detenido a 71.976 personas acusadas de estar en pandillas, o el 1% de la población del país. Han sido hacinados en prisiones, alimentando oleadas de acusaciones de violaciones de derechos humanos. Tan solo el 30% de los detenidos tienen vínculos claros con el crimen organizado, estima el grupo de derechos humanos Cristosal.
Las nuevas reglas permiten que se lleven a cabo juicios para grupos de acusados según el área en la que vivían y qué “camarilla”, un grupo más pequeño dentro de una pandilla, controlaba ese territorio.
La legislación también aumenta el tiempo de prisión para los líderes de pandillas de 45 a 60 años.
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