Graciela Benítez Abogada La alarma tiene que sonar mucho antes que se propaguen las llamas. Nadie está a salvo de una chispa fortuita y, menos aún, de la inoperancia o la mala fe. Se trata de establecer los alcances de la confianza, determinar de antemano qué responsabilidades le correspond
La alarma tiene que sonar mucho antes que se propaguen las llamas. Nadie está a salvo de una chispa fortuita y, menos aún, de la inoperancia o la mala fe. Se trata de establecer los alcances de la confianza, determinar de antemano qué responsabilidades le corresponden a cada quién, demarcar sistemas de vigilancia eficientes que garanticen al máximo el control de los accionistas y la gestión de los directivos en una empresa. Estas prevenciones no son milagrosas, pero ayudan. Es esencial asumir que los criterios y normas escritos, sumadas a la inspección de terceros ajenos a la gestión...
Las empresas medianas y grandes, generalmente organizadas en forma de sociedades anónimas, están pautadas por reglas, a menudo salvadoras. Estas compañías, normalmente compuestas por más de un accionista, no pueden ser dirigidas y administradas por sus propios accionistas. Por eso, eligen a personas de confianza y capacitadas para que se encarguen de tal tarea.
Sin embargo, no es infrecuente que las personas seleccionadas para ocupar cargos directivos pierdan la confianza de los accionistas. No siempre los directores resultan ser del todo confiables o idóneos para administrar y dirigir una sociedad. En el camino, algunos prefieren beneficiarse en forma personal, o bien, no dedicarle la importancia necesaria a su tarea de administración. Estas actitudes podrían causar daños a la sociedad, a los accionistas e incluso a terceros. De ahí surge la pregunta, ¿hasta qué punto es responsable el directorio de la sociedad?
Nuestra legislación establece que los directores son responsables de manera ilimitada y solidaria ante la sociedad, los accionistas y los terceros por la inejecución o mal desempeño del mandato, así como por violación de la ley o de los estatutos, y cualquier otro perjuicio ocasionado por dolo, abuso de facultades, o culpa grave.
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