Debemos advertir que la defraudación como conducta ilícita comprende delitos como la quiebra fraudulenta, la estafa y la apropiación indebida; es decir, toda aquella conducta capaz de vulnerar el orden económico y/o el relacionamiento financiero.
Ahora bien, los delitos de fraude fiscal se perciben desde la participación de una persona física o jurídica (empresas que se dedican a adquirir comprobantes fiscales simulados, con la finalidad de obtener deducciones indebidas para evadir el pago de contribuciones), bajo el nexo causal del “no pago” de algún tributo (impuesto, tasas y/o contribuciones). Así, la conducta de fraude fiscal se conecta con el perjuicio al régimen tributario, con el incentivo al blanqueamiento de capitales y otros efectos negativos que trascienden en el orden económico.
La conducta típica de fraude fiscal puede cometerse por acción o ante una omisión, puesto que, se analiza al sujeto obligado en su actuar (declarar erróneamente los datos de liquidación del impuesto), o bien realizar un “no hacer” (no declara, omitir datos).
En un contexto histórico, se puede mencionar el famoso caso respecto a la condena en el año 1931 a Al Capone, por el hecho punible de fraude fiscal, en atención a que, el mismo no pudo probar el origen de sus ganancias. Por otro lado, podemos referir sobre lo resuelto en la resolución del Consejo de las Comunidades Europeas, de fecha 10 de febrero de 1975, sobre fraude y evasión fiscal internacionales, puesto que se empieza a percibir sobre la importancia de la regulación de este fenómeno transnacional.
En tal sentido, el fenómeno del fraude fiscal o fraude al fisco se ha perfeccionado ante la ausencia del debido control de la administración tributaria. Sin embargo, se ha tomado razón de nuevos mecanismos que buscan desvirtuar todo tipo de control legal. En dicho sentido, se debe indicar a los denominados “paraísos fiscales”, que son territorios que promueven la inversión extranjera, prometiendo a los inversionistas, una opacidad fiscal en relación con la tributación.
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