La fiscal Lourdes Bobadilla, explicó en conversación con El Observador que el caso comenzó con denuncias de clientes de Steven Automotores, quienes reportaban que sus vehículos eran embargados incluso con pagos al día o con atrasos mínimos. Al profundizar en los expedientes, se detectaron irregularidades que evidenciaban un plan estructurado para lograr los secuestros en […]
La fiscal Lourdes Bobadilla, explicó en conversación con El Observador que el caso comenzó con denuncias de clientes de Steven Automotores, quienes reportaban que sus vehículos eran embargados incluso con pagos al día o con atrasos mínimos. Al profundizar en los expedientes, se detectaron irregularidades que evidenciaban un plan estructurado para lograr los secuestros en tiempo récord.
La investigación reveló que los secuestros se realizaban en el Juzgado de Paz de Chaco’i, donde se evidenciaron múltiples irregularidades en los expedientes.
En el esquema estaban involucrados Carlos Rubén Irala Fernández, asesor jurídico de la playa de vehículos, quien también ejercía como oficial de justicia en el Juzgado de Paz de Chaco’i; y la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez, encargada de realizar procedimientos administrativos que fueron omitidos deliberadamente.
Una de las maniobras utilizadas consistía en evitar el pago de tasas judiciales para que los expedientes fueran tramitados en un Juzgado de Paz, cuando en realidad debían ser remitidos a un juzgado de primera instancia. Según la fiscal Bobadilla, los contratos de los vehículos tenían montos superiores a 30 millones de guaraníes, pero en las demandas solo se mencionaban las cuotas impagas, que eran de dos o tres millones. Esta maniobra permitía que los juicios ingresaran de manera irregular al Juzgado de Paz, donde se tramitaban con rapidez y sin control.
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