Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) así como Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) son cuestionados por avalar delitos en una mensura judicial. En este caso, corresponde a tierras del Chaco, en una denuncia de compatriotas contra la firma privada Cimportex, de los Zapag.
Tres compatriotas solicitan lotes chaqueños al Indert, en el lugar denominado Infante Rivarola, distrito de Mariscal Estigarribia (Boquerón), pero ahora enfrentan conflictos con la empresa privada de referencia, de la familia Zapag. Los afectados son Hugo Alejandro Galeano, Deolinda Woroniecki y Dagoberto Marecos.
Según lo explicado, la empresa Cimportex ICSA es dueña de unas 6.863 Ha., que estaban identificadas como finca 10236, padrón 125, de Pedro P. Peña y hoy están en los Registros Públicos como Matrícula 206 Q01, padrón 5212. Ese título, de acuerdo con los datos, fue posicionado a 5 km del lugar que indican las coordenadas originales del inmueble, específicamente, encima de una parte de los tres lotes fiscales solicitados por los compatriotas.
Relataron que en el año 2005, se elaboró un plano con base en un informe pericial georreferenciado, según expediente 15380/05, que la misma empresa había promovido y el resultado fue que la propiedad estaba efectivamente en Pedro P. Peña. Pero en 2014, a través de una medición tachada de nula, la firma posicionó su título a 5 kilómetros. Pese a las irregularidades, esta mensura fue inscripta en los Registros Públicos, tras la aprobación de Geodesia del MOPC.
Según los denunciantes, el Ing. Luis Quesnel, jefe de Geodesia, avaló la mensura con datos falseados, a través de la Res. 002/2016 del 4 de agosto del año en curso. También fue cómplice el perito del Indert, Ing. Juan Pineda, dijeron.
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