El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, no consigue remediar el caso Guahory y echa la culpa a la “injerencia política”. A través de una nota, se ratificó en el rechazo a la expropiación y a la nulidad de títulos con origen espurio y ofreció como solución la compra de otras propiedades.
Mientras el Indert siga negándose a iniciar la nulidad de títulos entregados por la misma institución en contra de la ley del Estatuto Agrario, la comisión vecinal “Paraguay Primero”, compuesta por las familias que habían sido desalojadas de la colonia Guahory (Tembiaporã, Caaguazú), se mantendrá en contra de retomar el diálogo. Así lo había explicado la abogada de los labriegos, Mirian Cristaldo.
A través de una extensa nota, Cárdenas respondió a los campesinos, pero evitó mencionar el trasfondo de los títulos con origen ilegítimo. Se limitó a decir al respecto: “De plantearse hoy la acción, ¿en qué contribuiría a solucionar el conflicto social un proceso judicial que puede durar 10 años o más? Ya que, si en realidad tienen tiempo para esperar ese plazo, esta situación planteada no es ningún conflicto social urgente ni existe una necesidad imperiosa de acceder a la tierra propia”.
Pese a que recientemente la propia Procuraduría General de la República le recordó al Indert que esa acción jurídica está dentro de sus atribuciones y su rol, el titular del ente volvió a decir que para plantear la nulidad de los documentos de propiedad haría falta una “cumbre de los tres poderes del Estado”, porque ese tipo de decisiones deben venir precedidas “de decisiones políticas del más alto nivel de la República”.
Lo que la institución promete es la reversión de los títulos que no están finiquitados, es decir que no han sido inscriptos en el Servicio Nacional de Catastro y Registros Públicos. Son unos 25 lotes en Guahory y otros 15 en la colonia colindante, San Sebastián.
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