Lo verdaderamente grave no es solamente la ferocidad del atentado. Lo más preocupante es la sensación de que el Estado
Lo verdaderamente grave no es solamente la ferocidad del atentado. Lo más preocupante es la sensación de que el Estado continúa respondiendo con el mismo libreto de siempre: condenas verbales, promesas de justicia, anuncios de operativos y declaraciones de que «no descansará hasta capturar a los responsables». La ciudadanía ya escuchó esas palabras demasiadas veces durante toda la era democrática.
El Gobierno no puede seguir alegando falta de herramientas legales para enfrentar con decisión al crimen organizado y a grupos armados como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La propia Constitución Nacional del año 1992, en sus artículos 172 al 175, otorga al Estado paraguayo las atribuciones necesarias para conducir la defensa de la República y garantizar la seguridad interior y exterior.
La legislación existe. La autoridad también. Lo que la sociedad comienza a cuestionar es la aparente falta de voluntad política para ejercerla efectivamente. Pero existe un aspecto aún más profundo. El ejercicio legítimo de la fuerza por parte del Estado no solamente halla respaldo en la Constitución Nacional. También posee un sólido fundamento moral y espiritual.
La Biblia, en Romanos 13:1-7, recuerda que la autoridad ha sido establecida por Dios para proteger al ciudadano honesto y castigar al que practica el mal. Allí se afirma que la autoridad “no lleva la espada en vano”, porque ha recibido la responsabilidad de hacer justicia. En otras palabras, cuando las fuerzas públicas actúan dentro de la ley para neutralizar a quienes siembran terror, no ejercen una violencia arbitraria, sino que cumplen una misión legítima y moralmente justificada.
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