Debido a la magnitud de los problemas ambientales manifestados durante las últimas décadas, la sociedad está enfrentando el replanteamiento de cómo llevar a cabo las actividades cotidianas que sustentan nuestro estilo de vida, pero a un menor costo. Es por ello que el sector público y las agencias que lo componen deben procurar que sus operaciones se guíen por criterios y estándares de calidad y cuidado ambiental.
El día a día ha demostrado que los sistemas jurídicos deben ser actualizados y sistematizados para subsanar los vacíos normativos que impiden la adecuada protección, conservación y manejo de los recursos naturales. A partir de dicha actualización, debe definirse un cuadro normativo de cooperación interministerial para que, en conjunto y de acuerdo con sus respectivas atribuciones y competencias, intervengan para prevenir, controlar, vigilar , abatir la contaminación y restaurar el equilibrio ecológico.
Por otra parte, la idea de conservación de los recursos, no se opone a su aprovechamiento, pues lo que se consagra en las Legislaciones ambientales es el derecho de los Estados a regularlos en búsqueda de un beneficio social. En este orden de ideas, queda implícito que los recursos naturales deben ser utilizados racionalmente, esto es, de tal modo que permita su conservación, protegiendo así, los intereses ambientales de las generaciones presentes y futuras.
¿Cómo debe manejarse las industrias que buscan el desarrollo con la contaminación que también dejan en medio de vida en sociedad?
El marco jurídico que regula el aprovechamiento de los recursos naturales y proteger el medio ambiente busca proteger al mismo tiempo los derechos fundamentales: la vida de las personas, el medio ambiente, y la sustentabilidad de las actividades industriales con un enfoque de sustentabilidad basado en criterios y estándares únicos de regulación y verificación para toda la cadena de valor de los proyectos y actividades del sector industrial.
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