Cuando fue creada hace 17 años, la Seam despertó mucho entusiasmo entre los ambientalistas; por fin, el Estado tendría un brazo fuerte para detener la destrucción de la naturaleza y de los recursos naturales, que entonces ya arreciaba. Nadie preveía que muy pronto se iba a convertir en un eslabón más en la cadena de aparatos burocráticos inútiles, plagado de funcionarios sin nada que hacer, dilapidando dinero en salarios, viáticos y premios, vehículos y combustible, sin aportar nada de nada. En los años que lleva funcionando, la Seam hubiera podido encarar seria y decididamente siquiera la solución de uno de los grandes problemas del país y con solamente eso se hubiese ganado el aplaudo general. La recuperación del lago Ypacaraí, la protección de los humedales de Ñeembucú o de la mata atlántica, la detención de la deforestación masiva, un régimen estricto de protección de los hábitat silvestres, etc. Pero nada. No ha podido marcar un solo gol en 17 años de competiciones. Y esto ya es suficiente para darnos el derecho a afirmar que, así como está, no sirve más que para dilapidar el dinero que al país no le está sobrando, precisamente.
De entre los 23 incisos que componen el Art. 12 de la Ley Nº 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente”, escogemos dos para considerar: Art. 12: “La Seam tendrá por funciones, atribuciones y responsabilidades, las siguientes: g) coordinar y fiscalizar la gestión de los organismos públicos con competencia en materia ambiental y en el aprovechamiento de recursos naturales; m) organizar y administrar un sistema nacional de defensa del patrimonio ambiental en coordinación y cooperación con el Ministerio Público”.
¿Cuáles son los “organismos públicos con competencia en materia ambiental y en el aprovechamiento de recursos naturales”? Esta ley no los enumera. Es decir, deja a cargo de cada ciudadano, o de alguna otra autoridad, que se tome el trabajo de recopilar todas las disposiciones legales para averiguar quiénes tienen las competencias citadas. Con este pésimo modo de legislar (resultado de la conocida ignorancia y haraganería de los legisladores), se dejan todas las puertas abiertas para las confusiones, superposiciones, litigios de competencia y lagunas que hacen que nuestra legislación...
En efecto, en la página web del Congreso pueden localizarse, sin mayor esfuerzo, unas 23 leyes especiales sobre temas que hacen a la temática ambiental, a las que habría que sumar varias otras de adhesión a convenios internacionales, más los decretos reglamentarios. En un país mal organizado e institucionalmente ineficiente, como el nuestro, pretender que el Gobierno maneje esta maraña legislativa con cierta habilidad, es impensable.
Si hay algo que cualquiera sabe, en el ámbito político-administrativo, es que, cuantas más personas, autoridades u organismos sean encargados por las normas de ocuparse de algún problema, menos posibilidades hay de que alguno lo haga. La Seam es, supuestamente, la autoridad de aplicación de la gran mayoría de las normas ambientales, pero, como es lógico y notorio, su debilidad institucional congénita no le permite cumplir medianamente bien ni con el uno por ciento de sus atribuciones.
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