La crisis institucional que provoca el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, al verse envuelto en hechos sospechados de constituir enriquecimiento ilícito por corrupción, afecta gravemente a la estabilidad política de la República. El cargo que ocupa posee una importancia especialmente comprometedora para la marcha normal del país, sus funciones son muy delicadas y la figura política que representa debe estar rodeada de la máxima respetabilidad. Pese a que estas afirmaciones son bien sabidas, el señor Díaz Verón no se siente incurso en ellas en lo más mínimo. Él y su esposa poseen cuantiosos bienes en diferentes lugares del país, con valores económicos que no están acordes con lo que ambos perciben en sus cargos públicos. Además, el actual fiscal general se halla con mandato vencido en noviembre de 2016, es decir, es un funcionario en condición irregular, “mau”, para expresarlo mejor en la jerga popular. Nuestro país se halla así ante un caso realmente vergonzoso: tiene un fiscal general del Estado “mau” que, además de mentiroso, está sospechado de corrupción y tráfico de influencias. Díaz Verón tendría que estar en su casa mientras se investiga el origen de sus bienes. Y de ser hallado culpable, enviado a la cárcel.
La crisis institucional que provoca el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, al verse envuelto en hechos sospechados de constituir enriquecimiento ilícito por corrupción, afecta gravemente a la estabilidad política de la República. El cargo que ocupa posee una importancia especialmente comprometedora para la marcha normal del país, sus funciones son muy delicadas y la figura política que representa debe estar rodeada de la máxima respetabilidad.
Pese a que estas afirmaciones son bien sabidas, obvias, se diría, el señor Díaz Verón no se siente incurso en ellas en lo más mínimo. Se citaron cuantiosos bienes que él y su cónyuge, Selva Morínigo, poseen en diferentes lugares del país, con valores económicos que no están acordes con lo que ambos, dadas sus ocupaciones, regularmente percibieron y perciben como retribución en sus cargos públicos. Además, el fiscal general tiene una afortunada suegra, María Apolonia Vargas, sin registros laborales conocidos y con antecedentes por abigeato y estafa, quien aparece con un establecimiento...
Se reclamó una investigación judicial capaz de determinar si el fiscal Díaz Verón se enriqueció en el marco de la legalidad o fuera de ella. Como esta última opción es la más probable, teniendo en cuenta los factores aludidos anteriormente, esto dio pie a que fueran formulándose otras denuncias acerca de más y más bienes del ya, a estas alturas, prodigioso patrimonio de la pareja.
Como suele hacerse, cuando se busca ocultar una fortuna personal exagerada y sospechosa, por el motivo que fuese, aquí también se trata de disimular lo que dicen es un formidable incremento patrimonial. El conocido y recurrido método de inscribir las nuevas adquisiciones a nombre de otras personas suele dar resultado, pero solamente hasta tanto se encare una investigación judicial conducida con la seriedad que corresponde.
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