El Estado paraguayo indemnizará en más de 1.200 millones a 22 herederos del cadete Anastacio Benítez. Así lo resolvió el Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, 4ª sala, tras revocar una sentencia dictada en primera instancia que desestimaba la acción. La Cámara concluyó que el joven fue víctima de torturas, tratos crueles y homicidio por razones políticas.
El fallo, firmado por los camaristas Raúl Gómez Frutos, Eusebio Melgarejo Coronel y Carmelo Castiglioni, condena al Estado paraguayo al pago de G. 1.200 millones, más interés mensual del 2,5% a partir del 19 de mayo del 2009, fecha de inicio del juicio, a 22 herederos del cadete Anastacio Benítez (ver cuadro) representados por la abogada Rumelia Espínola.
La Cámara revocó la sentencia dictada el 12 del año pasado por el juez Nery Joel Kunzle, quien argumentó que se trató de un hecho más de los cometidos durante el régimen totalitario y que no existen órganos de gobierno de aquella época que fueron responsables del crimen.
La Cámara destaca que las circunstancias del crimen del cadete Benítez es un hecho notorio y que si existe una imposibilidad insuperable de individualizar a los agentes públicos intervinientes, basta con individualizar a algunos de los sujetos –el Presidente de la República– para cumplir el requisito de admisibilidad.
“Evidentemente, aunque el Presidente de la República de otrora no haya sido quien por sus propias manos infringió los daños al cadete Benítez, no podemos sino entender que dichos daños fueron infringidos por orden o, cuando menos, con conocimiento y consentimiento de los mismos, considerando lógicamente el funcionamiento de la estructura jerárquica que rige en todas las dependencias del Estado y el sistema político imperante en el país al tiempo de la ocurrencia de los hechos”, explica Gómez Frutos.
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