La Corte del Distrito de Columbia pidió incautar el avión venezolano-iraní que está retenido en Ezeiza desde el 8 de junio pasado. Así se lo informó el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos al gobierno argentino luego de que el 19 de julio se emitiera una orden judicial de ese distrito norteamericano alegando que la nave puede ser confiscada por haber violado las leyes de control de exportaciones locales por la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea vinculada al grupo terrorista Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y a las Fuerzas Quds, hacia Emtrasur, la aerolínea de carga subsidiaria de Conviasa, la empresa estatal venezolana.
Según el comunicado del Departamento de Justicia de EEUU, desde el 2008 el Departamento de Comercio renueva todos los años una prohibición sobre Mahan Air para involucrarse en cualquier tipo de transacción que esté relacionada con commodities exportados desde Estados Unidos. Por eso, alegan en la orden de la Corte de Columbia, en octubre de 2021 la aerolínea iraní violó esta prohibición cuando pasó al control de Emtrasur sin la autorización del gobierno que conduce Joe Biden. Estas violaciones se profundizaron cuando entre febrero y mayo de 2022 Emtrasur permitió que la nave volara desde...
Otro de los argumentos para el pedido es lo ocurrido en Argentina a partir de junio. La investigación sobre la tripulación -cinco iraníes y 14 venezolanos- arrojó que el piloto es un ex comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán y miembro del directorio de la aerolínea iraní Fars Air Qeshm.
El capitán Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión varado en Ezeiza, cuando cumplía funciones de gerente de la empresa NAFT, luego bautizada como Karun Airlines, subsidiarias de Mahan Air del conglomerado manejado por la Guardia Revolucionaria iraní
En 2011, EEUU sancionó a Mahan Air por brindar apoyo material a las Fuerzas Quds e hizo lo mismo en 2019 con Fars Air Qeshm. Además, Conviasa, la empresa controladora de Emtrasur, fue sancionada por la OFAC en 2020 y su flota bloqueada en 2019. A raíz de esto, y en concordancia con el pedido de incautación, el Departamento de Comercio le negó los privilegios de exportación de EMTRASUR por 180 días, con posibilidad de renovación.
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