En Paraguay, los accidentes viales cuestan el 3% del PIB y ponen en riesgo al 90% de los trabajadores que usan motocicletas.
Paraguay enfrenta una crisis silenciosa que se traduce en cifras alarmantes: más de 28.900 accidentes se registraron durante el primer semestre del año. Esta cifra no es solo una estadística de tránsito; es un espejo de las deficiencias estructurales y la presión social que recae sobre un sector clave de la economía: los motociclistas. La gravedad de la situación obliga a las autoridades y a la ciudadanía a un análisis urgente sobre quiénes son las víctimas más vulnerables.
De acuerdo a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), cerca del 90% de los conductores de motocicletas utilizan su vehículo como herramienta principal de trabajo. Este porcentaje altísimo convierte a la motocicleta de un medio de transporte a un pilar de subsistencia, especialmente para deliverys, mensajeros y pequeños emprendedores. El riesgo vial se transforma, inevitablemente, en un riesgo laboral y económico.
La ecuación peligrosa es, por un lado, la precariedad de la infraestructura vial en zonas urbanas y rutas; por otro, la presión por los tiempos de entrega que obliga a los trabajadores a tomar riesgos innecesarios. A esto se suma el incumplimiento de normas básicas, como la falta de uso de casco certificado o el exceso de velocidad. El motociclista, carente de la protección de una carrocería, es la figura más expuesta a lesiones graves o fatales.
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