Enrique Vargas Peña
El proceso de supuesta selección tuvo tres etapas: Las audiencias públicas en las que los candidatos se presentaron a sí mismos, presentaron sus propuestas y respondieron preguntas; el test de integridad y equilibrio y las deliberaciones del Consejo. Estas dos últimas etapas fueron ocultadas al pueblo, prolongando la práctica ilegal vigente durante la dictadura de Alfredo Stroessner de resolver en secreto los asuntos públicos. La burda y remanida excusa de que el test de integridad y equilibrio debe ser secreto porque un resultado negativo puede afectar la reputación, o el buen nombre, o la...
La salud física y mental de los empleados públicos, en lo que se refiere a su capacidad de desempeñar sus funciones con solvencia, es un asunto de principalísimo interés público y social y quien no quiera que se ventilen esos aspectos de su vida simplemente no debe aspirar a ocupar ningún cargo pagado con dinero del pueblo.
Es tan de sentido común ese asunto que pocos se animarían a sostener seriamente que hay que mantener en secreto y no hacer pública la insanía, por ejemplo, de alguien que aspire a ser fiscal general o que se encuentre en el ejercicio de esa función, pero, como siempre, los cartistas optan por mantener la herencia autoritaria de oscuridad y falta de control.
Los debates del Consejo también deberían ser públicos. Por qué deberían ser secretos cuando son públicos los que realiza el Senado de Estados Unidos para nominar a ministros de la Corte Suprema, o a integrantes del Gabinete ministerial, o al fiscal general de la primera potencia del mundo: Los debates para nominar al fiscal general Jeff Session se transmitieron en directo para que no solo los presencien los norteamericanos, sino todos nosotros.
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