La SFP, dependiente de la Presidencia de la República, está encargada de cumplir y hacer cumplir la ley según la cual el ingreso y la promoción en la función pública requieren un concurso de oposición, para medir los conocimientos, las experiencias y la idoneidad del candidato. Y bien, en octubre último el presidente Mario Abdo Benítez nombró a la radióloga Delia Raquel Molinas como funcionaria de la SFP, para, ocho días más tarde, la ministra secretaria ejecutiva de esa institución, Cristina Bogado, la designara como jefa del Departamento de Seguimiento de Procedimientos Judiciales de la Dirección de Sumarios, que forma parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
El clientelismo infecta hasta a la Secretaría de la Función Pública
La Secretaría de la Función Pública (SFP), dependiente de la Presidencia de la República, está encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley N° 1626/00, según la cual el ingreso y la promoción en la función pública requiere un concurso público de oposición, para medir los conocimientos, las experiencias y la idoneidad del candidato, según el reglamento preparado por esa misma dependencia. La idoneidad implica aquí poseer los saberes adecuados para el ejercicio de un determinado cargo. Por ejemplo, un abogado podría supervisar un sumario administrativo, pero no así las tareas propias del...
Pero el caso no ha terminado allí, pues, ocho días más tarde, la ministra secretaria ejecutiva de la SFP, Cristina Bogado, dio un paso más hacia la irracionalidad administrativa al designar a la radióloga como jefa del Departamento de Seguimiento de Procedimientos Judiciales de la Dirección de Sumarios, que forma parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Cuesta creer que tenga conocimientos y experiencias en cuanto al régimen disciplinario y al sumario administrativo, esto es, la competencia necesaria para juzgar el desempeño de los jueces instructores, abogados de las diversas...
Paradójicamente, en la reciente entrega del proyecto de ley “De la Función Pública y la Carrera Civil”, el jefe del Poder Ejecutivo afirmó que entre los principios rectores de la función pública figura el “mérito” y que la iniciativa “apuesta por la meritocracia como herramienta fundamental para garantizar a la ciudadanía la prestación de servicios oportunos y de calidad”. ¿Fue consecuente con ese principio rector y con esa “apuesta” el nombramiento de la radióloga? En la fundamentación también se sostuvo que las normas y los procedimientos previstos se basan, entre otras cosas, en la...
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