Los recientes hechos suscitados entre el senador Miguel Fulgencio Kencho Rodríguez del Frente Guasu con la abogada Michelle Betancourt con relación al conflicto de tierras invadidas por indígenas, muestra la tendencia de ideas que considero ser irán promoviendo, motivo por el cual se hace necesario alertar sobre lo expresado conociendo de sus efectos sobre el orden económico y jurídico del país.
El citado senador –que se desempeña como presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara Alta– sabía que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) ofreció a los ocupantes indígenas otros lugares debido a que aún no existe resolución judicial sobre los terrenos ocupados. Sin embargo, el citado senador sostuvo que al final y al cabo las tierras eran de los indígenas y ahí deben seguir, puesto que prevalece el derecho consuetudinario antes que la legislación del derecho positivo nacional.
Para el senador Rodríguez el derecho consuetudinario indigenista está por encima de la misma Constitución Nacional y de nuestras leyes. Sostiene que así lo avala el artículo 63 de nuestra ley fundamental. El problema con el que tropieza el senador está precisamente aclarado en la misma Carta Magna. En efecto, el mencionado artículo “in fine” dice: “...en los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena”.
Como se notará la expresión “tomará en cuenta” no expresa una relación de privilegio o por encima de la ley positiva expuesta en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que dice es que el derecho consuetudinario será referencial pero no excluyente para la toma de decisiones en el ámbito jurisdiccional.
El derecho consuetudinario al que el senador Rodríguez y otros referentes de esta línea de pensamiento sostienen consiste en toda una corriente cultural y antropológica que ciertamente estudia y valora la cultura de los pueblos indígenas y esto personalmente me parece que está bien puesto, que forma parte de nuestra misma identidad e historia.
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