El plan de construcción de la central hidroeléctrica del brazo Aña Cua del río Paraná, desde las perspectivas de los intereses paraguayos, tropieza con problemas de transparencia, económicas, jurídicas e inclusive técnicas, punto sobre el cual, el Ing. José Luis Enciso Velloso (+) ya en el 2006, en sus advertencias, denunciaba las “grandes falsedades” de los promotores del pretendido proyecto.
La primera objeción, la falta de transparencia, se refiere al costo de este plan, que en 2002 la EBY estimaba en US$ 160 millones, US$ 420 millones en 2006 y ahora en US$ 550 millones.
Debe insistirse también en la ineludible necesidad de clarificar las cuentas de Yacyretá (EBY), especialmente de su caótico pasivo, gran parte del cual carece de documentación respaldatoria y otras el simple resultado de la capitalización de intereses, hecho imputable a dos décadas de atraso, del que el Paraguay no es responsable.
En caso de aprobarse su construcción, aún ignoramos las fuentes de financiación. ¿Será el Gobierno argentino, que hoy reclama a la EBY una deuda de US$ 18.000 millones? ¿Acaso la EBY, la que además de esa deuda, en 23 años, no pudo reglamentar siquiera su exótico estilo de comercialización?
El contribuyente paraguayo –y muchas autoridades– tampoco sabe si la nueva usina operará en forma autónoma o como parte de la EBY, con la misma “tarifa” de Yacyretá o con la que dicte la realidad de sus costos y menos aún si recibirá sus recursos genuinos o le retendrán los argentinos, tal como pasa hoy en la EBY.
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