El bochornoso caso de un presunto abuso sexual cometido por suboficiales y marinos de la Armada Nacional contra una niña de 13 años de edad debe merecer el máximo castigo por parte de la Justicia. Que un grupo numeroso de hombres que deberían estar formados en la disciplina y en los valores de rectitud militar cometan un crimen tan atroz y deleznable no solo mancilla a la institución a la que pertenecen, sino que deshonra a la bandera a la que dicen servir y además degradan a sus familias y a la misma sociedad de la que forman parte. Además de una justa y enérgica sanción, se deben arbitrar los mecanismos de protección a los niños y niñas, pero también insistir en programas de educación y conciencia para el conjunto de la sociedad.
De hombres y mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas se dice que sirven “bajo bandera” y en el proceso de formación no solo se les inculcan valores de patriotismo, sino de rectitud, de respeto y protección a sus conciudadanos. Por ello, cuando se conoce que al menos 25 suboficiales y marinos de la Armada Nacional han participado presuntamente de un atroz y deleznable acto de violación sexual de una niña de solo 13 años de edad, es lógico que la sociedad reaccione con estupor, indignación y condena ante tan bárbaro proceder.
Aunque no se han difundido detalles por proteger la identidad y la intimidad de la menor de edad, se sabe que en los primeros días del mes de agosto la niña fue atraída con engaños, a través de mensajes de texto, para encontrarse con un oficial de la Armada en el local conocido como Arsenal de la Marina, en la zona portuaria de Asunción.
Este solo hecho constituye de por sí una grave irregularidad, ya que admite la relación de un hombre adulto con una niña menor de edad y el ingreso clandestino de una persona civil al interior de un establecimiento militar, aunque lo más terrible, según datos brindados por los propios investigadores, es que una vez ingresada al lugar la niña habría sido sometida a violación sexual por al menos 25 suboficiales y marinos, con escenas grabadas en teléfonos celulares, que también configuran el grave delito de producir pornografía infantil.
Hasta el momento hay 13 miembros de la Armada que se encuentran presos en la prisión militar de Viñas Cué, por disposición del juez Penal de Garantías José Agustín Delmás y están sometidos a proceso por parte del Ministerio Público y de la Justicia, pero no se descarta que se incluya a más involucrados. También es atendible que el caso se maneje con máxima discreción y con acompañamiento de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) a la víctima, pero no deja de merecer desconfianza que los involucrados guarden reclusión en una prisión militar y no en instancias de la...
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