El presidente Andrés Manuel López Obrador no logra imponerse sobre los grupos criminales a pesar de apoyarse cada vez más en las fuerzas armadas de México contra todas las evidencias de abusos de derechos humanos por parte de esa entidad que han salido a la luz en los últimos meses.
El 4 de octubre, el Senado mexicano votó para ampliar la presencia del Ejército en las calles del país hasta 2028, lo que extiende el periodo en el que ejercerá tareas de fuerza de seguridad pública.
Esta decisión se toma en el marco de una renovada dependencia del Ejército por parte del gobierno. El aumento de la violencia en Zacatecas motivó el despliegue de 500 soldados a ese estado norteño solo en septiembre, para apoyar los continuos problemas de la policía estatal y municipal para contener la violencia de los carteles.
La situación de Zacatecas está lejos de ser la única. Otros estados con problemas, como Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas han recibido refuerzos del Ejército en los últimos meses.
Antes de su llegada a la presidencia, López Obrador criticó a sus predecesores por el uso de las fuerzas militares para enfrentar el crimen organizado, y prometió devolverle al Ejército su función establecida como protector de la soberanía nacional. En lugar de eso se comprometió a usar la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad pública que se concibió para estar bajo control civil, para pacificar las calles del país. Afirmó que su estrategia de prevención del delito, de “abrazos no balazos”, reconfiguraría la dinámica criminal para bien.
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