La normativa pone el foco en la necesidad de generar más obras y mejores servicios para todos los paraguayos, estructurando
La normativa pone el foco en la necesidad de generar más obras y mejores servicios para todos los paraguayos, estructurando un sistema donde la eficiencia administrativa y la seguridad jurídica para el capital privado sean los motores del desarrollo nacional.
El Decreto establece que los organismos intervinientes en los procesos de Participación Público-Privada (PPP) no solo deben regirse por las leyes vigentes, sino por cuatro principios administrativos complementarios que garantizan la integridad de cada proyecto:
Según el decreto, toda actuación estatal debe sustentarse en la Constitución y las leyes. La conducta del Estado debe responder a criterios justificables y sostenibles, alineados con la finalidad del ordenamiento legal.
Se exige que todo acto administrativo esté orientado a lograr servicios públicos de alta calidad y al cumplimiento de metas funcionales. Asimismo, establece la primacía del Interés general sobre el particular ante cualquier conflicto de intereses; y un nuevo lenguaje de la inversión
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