Relatoras especiales de la ONU remitieron una carta al Gobierno y Congreso paraguayo en la que instan al Gobierno reexaminar el proyecto de ley sobre control a las ONG. La experta en derechos de asociación, Gina Romero, afirmó que el plan presenta una serie de disposiciones en contravía a estándares internacionales que garantizan la libertad de asociación, por lo que debe ser retirado o evaluado nuevamente bajo un consenso con las sociedades civiles.
Una carta fue remitida por las relatoras especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que se analiza y se brinda recomendaciones sobre el proyecto de ley , impulsada por el cartismo y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
“Podría restringir indebidamente los derechos a la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, protegidos por los artículos 17, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”, resalta la carta, que fue firmada por la Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de...
“Instamos al Gobierno a reexaminar el proyecto de ley mencionado en el marco de una discusión pública, plural y multisectorial que incorpore a los actores de la sociedad civil directamente afectados, a fin de considerar la necesidad de adoptar un nuevo marco legal, y en caso de ser necesario, desarrollar una norma que facilite el desarrollo de sus actividades, en un contexto de transparencia y legalidad, valorando al aporte que efectúan a la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho y el sistema democrático”, resalta como conclusión el documento.
La relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, habló con ABC sobre la carta. Cuestionó que el proyecto de ley presenta una serie de disposiciones que están en contravía de los estándares internacionales que garantizan la libertad de asociación.
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