Duro revés del Gobierno por no hacer lo debido - Editorial - ABC Color

Duro revés del Gobierno por no hacer lo debido - Editorial - ABC Color

Santiago Peña se había trazado como objetivo para 2026 la obtención del tercer grado de inversión, según lo declaró él mismo ante la prensa y la comunidad internacional en vísperas de la Navidad de 2025, en el marco de la III Reunión de Jefes de Misión de las Representaciones Diplomáticas y Consulares del Paraguay. En menos de tres meses se cayó la estantería. El fisco está en crisis, con una abrupta caída de los ingresos y “monos” por todos lados, la reforma de la Caja Fiscal se quedó en medias tintas, el ministro de Economía fue destituido y la consultora Fitch Ratings acaba de asestarle al Gobierno un duro golpe de realidad, no solamente al negarle el tan ansiado “triplete”, como lo había denominado el propio Peña, sino al poner seriamente en duda su capacidad de contener el gasto y cumplir las metas prometidas.

Fitch era la más renuente de las tres grandes calificadoras internacionales a elevar a Paraguay a la categoría de inversión, pero el Gobierno estaba confiado en que le seguiría los pasos a Moody’s y a Standard & Poor’s, luego de que esta última hiciera lo propio a fines del año pasado. “Nos falta solamente el de Fitch y creemos que se va a dar en 2026, vamos a arrancar el año con todo”, dijo Santiago Peña en aquella oportunidad.

Sin embargo, Fitch Ratings mantuvo la calificación BB+ para los títulos soberanos paraguayos, todavía en el grado especulativo, y manifestó las mismas preocupaciones que observan los agentes económicos locales y que están a la vista de la ciudadanía.

Advierte que la acumulación de deudas con proveedores y contratistas y la desaceleración de los ingresos tributarios “ponen presión” sobre el cumplimiento del límite fiscal. Recordemos que dicho límite debe regresar al 1,5% del PIB este año conforme al cronograma de convergencia, pero solo los atrasos reclamados por constructoras y farmacéuticas rondan los 1.000 millones de dólares, 1.300 millones si se incluye al IPS, lo que en sí mismo representa un “agujero” de más de 2,5% del PIB, sin considerar los otros muchos compromisos del Estado.

Fitch duda de la sostenibilidad de cualquier plan de recortes de gastos, aun en el caso (incierto) de que se ponga en práctica. Señala que un eventual ajuste se consumiría en la cancelación de pagos postergados en lugar de reflejarse en una reducción estructural del gasto y del déficit fiscal.

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