La propuesta de ley para reformar el sistema previsional del sector público —la Caja Fiscal— abrió un intenso debate entre gremios docentes y autoridades. Los educadores califican de insuficiente la contribución estatal actual y convocan a revisar aspectos claves como la edad jubilatoria.
El proyecto de ley "Que establece medidas para la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público" —presentado por el Poder Ejecutivo ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional con el propósito de ordenar financieramente la Caja Fiscal— enfrenta ahora una fuerte reacción de los gremios docentes, que demandan modificaciones sustanciales antes de su aprobación.
La iniciativa oficial establece, entre otros puntos, un incremento en la tasa de aportes al sistema, elevando la contribución total al 22 % del salario imponible —al añadir un 3 % extra a cargo del trabajador y un 3 % del Estado como empleador— y propone ajustes en la edad mínima de jubilación para sectores que hasta ahora no cuentan con límites específicos.
Sin embargo, representantes de varios sindicatos docentes rechazaron el planteamiento tal como está formulado, argumentando que la participación estatal de solo 3 % es insuficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema y que se corre el riesgo de trasladar la carga financiera principalmente a los trabajadores, muchos de los cuales ejercen desde edades tempranas y con condiciones laborales exigentes.
Desde la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y otras organizaciones del Magisterio, los representantes insistieron en que el Estado debe asumir un aporte más significativo —hasta del 14 %— como parte de su responsabilidad social, ante la enorme disparidad entre lo que se recauda y lo que se destina a cubrir los déficits de la Caja Fiscal. Para ellos, el porcentaje propuesto por el Ejecutivo apenas cubriría cerca del 60 % del desequilibrio registrado.
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