Con 41 votos colorados y cuatro liberales no efrainistas, la Cámara Baja aceptó la objeción parcial del Ejecutivo a la ley del autoblindaje referente a la eliminación de la sentencia para la pérdida de investidura parlamentaria. Pero ratificaron subir a 30 votos (en Senado) y 53 (en Diputados) la exigencia para la destitución.
Los liberales aliados al efrainismo encabezados por el diputado Édgar Acosta (PLRA) plantearon en vano al pleno no sancionar la parte no objetada (que eleva el número de votos para expulsar a una legislador), de manera que la reglamentación vaya al archivo y que la disposición inconstitucional de las mayorías en el proyecto de reglamentación del artículo 201 de pérdida de investidura no se convierta en ley.
Los colorados salieron al paso e incluso señalaron que no correspondía proceder de esa forma. Los diputados efrainistas recordaron que el 6 de abril del 2006 ya archivaron una objeción parcial al no sancionar la parte no vetada.
El Ejecutivo vetó el requisito de la sentencia judicial para destituir a un parlamentario, mientras que mantuvo la mayoría calificada de dos tercios (30 en Senado y 53 en Diputados). Es decir, la mayoría de los parlamentarios y el Ejecutivo modificaron por ley el Art. 185 de la Constitución al elevar el número de votos para expulsar a un legislador. Dicho artículo solo establece la mitad más uno de los presentes.
Acosta pidió en vano a sus colegas dar el mensaje político de que escucharon el clamor de la ciudadanía al archivar la reglamentación. “Esperemos que los colegas puedan revertir esto”, había dicho. La diputada Olga Ferreira (del Movimiento Compromiso Ciudadano) planteó reconsiderar la mayoría simple que en su proyecto original estaba establecido, cuando que el veto hacía referencia a la norma sancionada que incluían las modificaciones a las que ella se allanó.
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