La Cámara de Diputados otorgó media sanción a una versión modificada del proyecto conocido como Ley "Anti Rivas", una iniciativa impulsada para endurecer los requisitos de quienes representen al Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Sin embargo, durante el tratamiento parlamentario el oficialismo introdujo cambios que suavizaron varios de los puntos centrales de la propuesta original, lo que generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición.
El proyecto surgió tras la polémica que envolvió al exsenador cartista Hernán Rivas, procesado por presuntas irregularidades relacionadas con su título de abogado y cuyo juicio oral y público está previsto para el próximo 10 de agosto. La intención inicial era establecer mayores exigencias para impedir que situaciones similares vuelvan a repetirse en la integración del órgano encargado de juzgar a magistrados y fiscales.
La versión aprobada mantiene la obligación de contar con título de abogado, pero reduce de diez a cinco años la experiencia profesional requerida para acceder al cargo. Además, conserva la posibilidad de reelección de los representantes del Congreso en el JEM, uno de los aspectos que originalmente se pretendía eliminar para favorecer una mayor alternancia.
Otro de los cambios introducidos durante el debate fue la reducción de la edad mínima exigida. Aunque la propuesta inicial planteaba elevar el requisito a 35 años, finalmente se acordó fijarlo en 30, por encima de los 25 años previstos actualmente por la Constitución.
El diputado Édgar Olmedo defendió estas modificaciones argumentando que establecer exigencias demasiado elevadas podría limitar la cantidad de candidatos con posibilidades de integrar el órgano. Según sostuvo, una flexibilización de los requisitos permitiría contar con un universo más amplio de postulantes.
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