El cruento procedimiento fiscal-policial en horas de la madrugada en Pedro Juan Caballero, de entrar a matar en el domicilio del diputado por Amambay Eulalio “Lalo” Gomes, integrante de la bancada oficialista, ha tenido la lógica reacción de rechazo en la Cámara Baja tras el virtual “fusilamiento” del legislador. El saldo fatal de “dar de baja” al legislador colorado cartista, según el tenebroso lenguaje utilizado por uno de los agentes policiales que irrumpieron en el dormitorio del diputado abatido, no habría estado prima facie entre las finalidades invocadas por el mismo juez que dio la orden, Osmar Legal, porque el escrito que autorizaba el operativo fue firmado poco antes de la balacera y hablaba sólo de la búsqueda de evidencias para un juicio de gran impacto mediático y social, incluso con ramificaciones en el Brasil. Pero llama la atención que en un procedimiento efectuado dentro de los límites legales, no se haya tenido en cuenta la necesidad de precautelar la integridad física del legislador, protegido por fueros que le hacen inviolable a su persona, así como la necesidad de mantener la fuerza pública dentro del ámbito de la legalidad, incluso en casos de extrema gravedad o violencia, como la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero, que eran precisamente los motivos aducidos en un largo escrito de imputación contra el diputado y varias personas más, lo que se dio a conocer como el ropaje legal para la contundente intervención a un domicilio particular. A pesar de la intención de dar un finiquito legal al criticado procedimiento, habría que analizar la situación del Estado de Derecho en nuestro país, por el hecho de que con la virtual ejecución de “Lalo” Gomes y más allá de la defensa corporativa en Diputados a un posible narcopolítico, se pone en entredicho todo el andamiaje de la fuerza monopólica estatal, con el debate de la legalidad o ilegalidad del proceder de la policía y la fiscalía. Se pone así sobre el tapete judicial, la viabilidad de poner en aprietos a potenciales enemigos del unicato, ya sea por sus negocios también “informales” o por otros pecados en la sombra del “perseguido”, dada la capacidad de redactar documentados libelos acusatorios y de imputación, como los que se publicaron al mismo tiempo que sonaban los tiros en el domicilio supuestamente blindado por fueros del fallecido legislador “Lalo” Gomes. Con ello se refuerza la impresión que el grave episodio que costara la vida a un legislador, no supondría un desgaste para el poder cartista, sino que el problema está indicando que la fortaleza institucional del país no iría por el mismo sendero de la consolidación del poder cartista, al aparecer que el avance contra las instituciones de la República, incluso con justificación legal, sigue incólume en el manual del unicato de HC.
Eulalio “Lalo” Gomes se confunde en un efusivo abrazo con el presidente Santiago Peña, en un encuentro reciente entre ambos. El legislador colorado fue abatido en su casa pese a contar con fueros.
El cruento procedimiento fiscal-policial en horas de la madrugada en Pedro Juan Caballero, de entrar a matar en el domicilio del diputado por Amambay Eulalio “Lalo” Gomes, integrante de la bancada oficialista, ha tenido la lógica reacción de rechazo en la Cámara Baja tras el virtual “fusilamiento” del legislador. El dudoso operativo puede traer además negativas consecuencias para la institucionalidad de la República.
La aplanadora del unicato cartista junto a diputados opositores, se mostró ahora unánime descalificando la operación, que en cambio fue justificada por el Gobierno. La bancada oficialista además contradijo al titular colorado Horacio Cartes, quien ya en el día del ajusticiamiento de la madrugada del lunes 19 de agosto estableció el derrotero a seguir, pidiendo “apoyar a la policía, la fiscalía y la Justicia, mientras se realiza una investigación de lo sucedido”.
La incursión de una fuerza de élite del Estado en el domicilio de “Lalo” Gomes a las 3 de la mañana, previa orden judicial de allanamiento, tenía que producir consecuencias que ya habrían estado previstas por las autoridades, atendiendo al estatus de la principal persona afectada, nada menos que un diputado nacional.
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